La
República de Panamá asumió la responsabilidad total por la
administración, funcionamiento y mantenimiento del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
La entidad gubernamental, denominada la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP), creada por la Constitución Política
de la República
de Panamá y organizada por la Ley
19 del 11 de junio de 1997 es la
responsable de la administración del canal.
Según la constitución de Panamá el canal constituye un
patrimonio inalienable de la nación, por lo cual no puede ser vendido, ni
cedido, ni hipotecado, ni de ningún otro modo gravado o enajenado.
El régimen jurídico que se estableció para la ACP tiene como objetivo
fundamental el preservar las condiciones de funcionamiento del Canal de Panamá.
Anualmente se invierten alrededor de diez millones de
dólares en programas de adiestramiento al personal sobre el funcionamiento y
mantenimiento del Canal.
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