Fue una respuesta
espontánea ante la grave crisis económica y política del país iniciada el 27 de
febrero de 1989. En ese momento Carlos Andrés Pérez iniciaba su segunda
presidencia y anunciaba la puesta en marcha del llamado “paquete económico”,
con medidas neoliberales que significaban mayor pobreza y miseria para el
pueblo venezolano.
La rabia contenida
durante muchos años hizo explosión en las principales ciudades del país y las
protestas y saqueos se hicieron incontrolables.
Los índices de
pobreza en el país habían crecido de manera alarmante. Para 1989 más del 60 %
de la población era pobre. La fuerza laboral campesina se redujo al 10% y, en
sólo tres años, 600 mil personas emigraron a las ciudades.
Los trabajadores
informales aumentaron. La clase obrera industrial disminuyó ante la
privatización parcial o total de sectores como las telecomunicaciones, los
puertos, el petróleo, el acero y las líneas aéreas, entre otros.
El gigantesco
endeudamiento con la banca internacional convertía a Venezuela en una sociedad
de esclavos.
El día 28, el
presidente Pérez, reunido en Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional
y al Ejército reprimir los disturbios.
Decretó el estado de
emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, quedando
suspendidas algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Garantías
suspendidas: libertad y seguridad personales, inviolabilidad del hogar,
libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho de reunión y derecho de
manifestación.
El martes 28 por la
noche, comenzó el toque de queda más cruento de la historia de Venezuela. Aún
no se conoce el número de personas asesinadas por las fuerzas del orden, pero
extraoficialmente se calculan entre 300 y 1000 muertos.
A pesar de la represión
desatada contra el pueblo, este no detuvo su aspiración de transformar su
realidad. Por eso apoyó la insurrección militar del 4 de febrero de 1992,
liderada para entonces por el teniente-coronel Hugo Chávez Frías.
